En mayo pasado, Pablo Demian Parra fue declarado culpable del femicidio de Agustina Fernández, la estudiante pampeana salvajemente atacada y asesinada por el sujeto que se encuentra privado de la libertad.
 
La víctima había sido atacada por su vecino el 2 de julio 2022 en el interior de un departamento del complejo de Cipolletti; agonizó tres días y falleció en el Hospital Pedro Moguillansky. Tenía 19 años de edad y estudiaba en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

 
El jurado popular consideró que tanto la querella como la fiscalía habían logrado demostrar que fue el autor material del brutal femicidio de la joven de La Pampa que había llegado a la ciudad rionegrina de Cipolletti para estudiar medicina.
 
Sin embargo, como todavía no tiene prisión efectiva, los abogados de Parra anticiparon que en septiembre de este año presentarán la impugnación de la condena a prisión perpetua que le impuso el juez Guillermo Baquero Lazcano.
 
Mientras tanto, y a la espera que a través de ese recurso recupere su libertad, se supo en las últimas horas que el femicida sigue utilizando las redes sociales para contactarse con otras mujeres que podrían ser potenciales víctimas.
 
Así lo reveló la madre de Agustina, quien hizo referencia a un mensaje en redes sociales de una joven que dijo haber sido contactada por Parra, quien incluso le envió dinero por una aplicación para la operación de su mascota, según informa el diario La Mañana de Neuquén.
 
“Los otros días me llega una solicitud de amistad de él. Obvio que lo bloqueé, qué espanto. Te abrazo fuerte por tu princesa”, le escribió la joven que el mismo día en el que le pidió amistad, miércoles 17 de julio, le llegó una transferencia por Mercado Pago a nombre de Pablo Parra, ya que ella estaba haciendo una colecta para la operación de su gato.
 
La joven dijo haber sentido miedo al darse cuenta que se trataba del asesino condenado: “Imagínate que soy una mujer con una niña, sola. Y cómo puede ser que alguien que esté preso por algo tan aberrante pueda usar las redes y mandar solicitudes de amistad a mujeres, como si nada”, exclamó alarmada.
 
La grave situación se produce cuando desde enero de 2019 existe en Río Negro un protocolo que restringe el uso de los celulares en todas las unidades penitenciarias de esa provincia.
 
Cuando los detenidos consigan autorización judicial para poseer telefonía móvil y así garantizar su derecho a la comunicación con un exhaustivo seguimiento, el protocolo precisa que no podrán contar con acceso a Internet, redes sociales ni cámaras digitales.

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